Los afectados por el ruido dan plazo al alcalde hasta finales de noviembre para frenar el problema

“Hasta finales de noviembre”. Ese el “plazo prudente” que la Plataforma de Afectados por el Ruido ha dado al alcalde, Agustín Navarro, para frenar la contaminación acústica en varias zonas de ocio de la ciudad. Un problema que, según los vecinos, tiene una solución “sencilla”: “aplicar la Ley” autonómica y “las ordenanzas municipales”. Así se lo trasladaron al alcalde la semana pasada, en una reunión de dos horas “con momentos de bastante tensión” y en los que hubo un “tira y afloja”, según ha indicado la Plataforma en un comunicado, en el que también ha incidido en que la actual situación “no puede continuar”.

Para los afectados es indispensable que se aplique a rajatabla la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica, dictada por la Generalitat en 2002 y que marca, entre otras cosas, los niveles máximos de ruido que puede haber en los locales de ocio en función de su actividad, las sanciones a aplicar si no cumplen o la retirada de licencias en casos de reincidencia. Unos artículos que la Plataforma entregó al alcalde y al resto de representantes públicos presentes en la reunión.

Según los vecinos, el alcalde ha expresado “su voluntad” de hacer cumplir la ley y las ordenanzas, aunque ha reconocido que el problema de los ruidos tiene “difícil solución”. Y atendiendo a esa voluntad, los afectados han decidido esperar hasta finales de noviembre. Si para entonces “esa voluntad” no se ha convertido en hecho la Plataforma utilizará “los tiempos y el procedimiento que considere más oportuno en derecho para hacer cumplir la Ley y las ordenanzas”. O lo que es lo mismo, si transcurrido un mes el problema sigue igual emprenderán las medidas legales que consideren. Porque, como señala su comunicado, la Plataforma “va muy en serio” y sabrá jugar con los tiempos “si se nos torea”.

Pero el gobierno local espera que la sangre no llegue al río y que este asunto se pueda reconducir y solventar de la mejor manera posible. Para ello, según el concejal de Seguridad Ciudadana, José Marcet, se están manteniendo reuniones con los afectados y con los empresarios del ocio para “aunar posturas” y “alcanzar una solución consensuada que mantenga nuestro modelo turístico“. La última de estas reuniones ha sido con Ociobal, la asociación que aglutina a la mayoría de empresarios del ocio nocturno de Benidorm.

“Estamos trabajando con responsabilidad” para “mejorar la convivencia y recuperar el equilibrio entre descanso y diversión”, ha apuntado Marcet antes de felicitar a la Policía Local por “el gran trabajo que están haciendo”. Y es que, según ha insistido, la normativa municipal actual es más restrictiva que la de hace años, que el Ayuntamiento no está mirando hacia otro lado, que se han adoptado medidas para reducir los ruidos y que se está actuando a través de inspecciones.

Las mismas fuentes han remarcado que el Ayuntamiento “va a hacer cumplir la ley” y han matizado que “si en algún momento ha habido manga ancha, ya no habrá flexibilidad”.

Marcet ha afirmado que “es nuestra obligación mirar por el interés del conjunto de la ciudad” y ha recordado que “son miles de puestos de trabajo los que da el ocio nocturno en nuestra ciudad. Estamos tomando nota y analizando todas las propuestas aportadas por los vecinos y trasladándolas al colectivo empresarial junto con las propias del Ayuntamiento para mejorar la convivencia”.

También los vecinos se han referido a los puestos de trabajo para dejar constancia “rotunda” de que la Plataforma “no pretende, ni pretenderá en ningún momento nada que pueda perjudicar el tejido empresarial de la ciudad y la pérdida de empleo”.

Eso sí, mientras se buscan soluciones, el alcalde no deja de pedir “una regulación específica” para Benidorm “por ser municipio turístico”, en la que se establezcan horarios más amplios para los establecimientos atendiendo a la “singularidad” de la ciudad pero permitiendo una conciliación entre el ocio y el descanso.

Este nuevo episodio entre vecinos, administración y empresarios llega tras un verano algo tenso, en el que incluso la Conselleria de Gobernación puso sus ojos en Benidorm, asegurando que iba a reforzar las inspecciones y vigilancia sobre la ciudad.

Los afectados por el ruido dan plazo al alcalde hasta finales de noviembre para frenar el problema
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