La Generalitat apoya a Benidorm para instar al gobierno estatal a cumplir la Carta Social Europea

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha mostrado su apoyo al Ayuntamiento de Benidorm para cumplir los preceptos de la Carta Social Europea, como así se pedía en una moción del grupo municipal Compromís Los verdes aprobada el pasado pleno de abril. Además de exponer que desde la Generalitat ya se están cumpliendo diferentes consideraciones de esta hoja de ruta social europea, también se recuerda que es el Gobierno estatal quien debe ratificar la carta y el encargado de hacer cumplir los preceptos, cuestión que ya fue explicada y demandada por el concejal de Compromís, Josep Bigorra, durante el pleno de abril.

“Los principios contenidos en la Carta Social y los que se están trabajando en el marco del Pilar Social Europeo son compartidos por el Gobierno Valenciano que, aunque no es competente para realizar las acciones que solicitan, sí que asume en su práctica política algunos de sus preceptos”. Así ha contestado por escrito, según se dio cuenta en el pasado pleno de julio, la Generalitat, por vía de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas a la moción aprobada en el pleno de abril de 2017 a instancias del grupo municipal Compromís Los Verdes.

La propuesta, que contó con la unanimidad de los concejales presentes, solicitaba instar al Gobierno de España a cumplir todos los preceptos de la Carta Social Europea, asegurando que cada unidad familiar tenga unos ingresos mínimos por encima del umbral de pobreza, incluyendo la adecuación del salario mínimo interprofesional al establecido por la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales; que también se instase a ratificar la Carta Social Europea, en su versión revisada para que tengan cabida derechos como la lucha contra la pobreza y la exclusión social y el derecho a la vivienda; que también se solicitara al Gobierno de España a ratificar el protocolo de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea, y que el Gobierno español informara adecuadamente al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa en las materias sobre las que no aporta la información adecuada.

Por una enmienda del PP también se aprobó que las mismas reclamaciones se hicieran a la Generalitat. Durante el debate del pleno de abril, Bigorra ya advirtió que las competencias de ratificación y cumplimiento de la Carta Social Europea no eran autonómicas sino estatales. Cosa que la Generalitat reitera en su escrito: “Cualquier materia relacionada con política internacional y particularmente, las derivadas de las relaciones con la Unión Europea y la ratificación o aceptación de tratados internacionales son competencia exclusiva del Estado”.

Ahora bien, la Generalitat sí que pone en práctica los preceptos de la Carta Social Europea aunque no se hayan ratificado. Como expone en el escrito, cita como ejemplos la aprobación por el Consell del Proyecto de Ley de Renta Valenciana de Inclusión, que contempla ingresos para situaciones familiares no sólo de empobrecimiento, sino los ingresos no les permiten tener una vida digna; la elaboración del Plan Valenciano para la Cohesión e Inclusión Social, con una dotación de 700 millones de euros, y la Ley de la Función Social de la Vivienda aprobada por las Cortes “con los votos en contra del Partido Popular” y “recurrida ante el Tribunal Constitucional por el gobierno de España”, recuerda Conselleria.

“Queda claro que la Generalitat tiene un compromiso claro con las políticas sociales que figuran en la Carta Social Europea, aunque el gobierno estatal no haya ratificado su revisión, que garantizaría un grado mayor de derechos sociales para todos y para todas. Y también queda claro que depende del gobierno central que esto cambie”, expresó Bigorra.

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