Josep Bigorra denuncia el uso irregular de las viviendas sociales en Benidorm

Dos policías municipales jubilados y una familia de la «época de Maruja Sánchez» se benefician de inmuebles destinados a los amenazados por los desahucios

Compromís Los Verdes pedirá explicaciones al Ayuntamiento

El 27 de octubre pasado, el plenario del Ayuntamiento de Benidorm aprobó una moción que declaraba a la ciudad ‘zona libre de desahucios’. La iniciativa presentada y publicitada ampliamente desde la concejalía de Bienestar Social que en aquellos momentos conducía la socialista Cristina Escoda, obtuvo un amplio eco en los medios de comunicación. Se pretendía crear una base de datos de inmuebles locales para dar servicio a las familias que estuvieran amenazadas con el desahucio por los bancos.

En noviembre, el entonces alcalde Agustín Navarro publicitaba que el Ayuntamiento cumplía su palabra en negociar con las entidades bancarias para crear una bolsa de viviendas que permitiera destinar 25 viviendas a familias que sufrieron la amenaza del desahucio y para esto se contaba con los inmuebles de propiedad municipal, más las que pudieran aportar los bancos y otras provenientes de personas desinteresadas. Para llevar a cabo la iniciativa, el Ayuntamiento contaba con la Oficina Municipal Anti Desahucios y el acuerdo firmado en 2013 con el Colegio de Abogados para defender a las personas amenazadas y pretendía la colaboración de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) que el 28 de agosto se manifestaba, coincidiendo con el pleno ordinario, ante las puertas del Ayuntamiento por la pasividad de los políticos locales con la problemática.

Por ahora, la anunciada negociación con los bancos terminó en nada y las viviendas de propiedad municipal no sólo no ha sido destinadas a solucionar el problema de las familias amenazadas por el desahucio sino que algunas de ellas, al parecer, aún están destinadas a cumplir favores prestados hace décadas los políticos locales.

15 viviendas municipales

De hecho, según ha podido saber este digital, un informe realizado por los técnicos municipales refleja que el censo de viviendas propiedad del Ayuntamiento de Benidorm es de 15 inmuebles: uno de ellos vacío y disponible, los otros 14, habitados: 11 por familias con pocos recursos que pagan un alquiler mensual no superior a los 150 euros, dos por policías municipales jubilados que pagan poco más de 200 euros mensuales y un del que no obtienen ingresos ocupado por una familia desde los años 90, desde el «época de Maruja Sánchez», señala el portavoz de Compromís los Verdes en el Ayuntamiento, Josep Bigorra.

Josep Bigorra cree que se ha de averiguar si los ocupantes «son personas que tienen derecho o no» a beneficiarse de las viviendas municipales y va a pedir explicaciones por escrito al Ayuntamiento para aclarar la situación. «Es necesario regularizar la situación porque en ningún cabeza no cabe que una vivienda de uso social no esté destinada al uso social».

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Fuente: http://benidormmagazine.com/noticies-de-benidorm/es-paguen-favors-amb-les-vivendes-socials-de-benidorm/

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