El gobierno prevé gastar más de 300.000 euros en abogados externos

El Secretario General del Ayuntamiento de Benidorm, en cumplimiento de lo solicitado por esa Alcaldía, le manifiesta que acepta y asume la representación y defensa en juicio de los asuntos que considere oportuno la Alcaldía, si bien la competencia para la designación a tal fin corresponde al órgano que la tenga de conformidad con el asunto y el acuerdo recurrido en cada caso (…).

De todo lo anterior puede deducirse que el funcionario que suscribe acepta la función de representar y defender en juicio al Ayuntamiento de Benidorm en cuantos asuntos se le encomiende; que en principio le compete la dirección de los servicios jurídicos; y, que por mandato expreso del Plan de Ajuste es prioritaria la creación de un departamento único de Asesoría Jurídica municipal, que en principio estaría adscrita a la Secretaría municipal, para lo cual se elevará a Pleno las paulatinas modificaciones de la “relación de puestos de trabajo”.

A este escrito del 20 de febrero de 2013 del más alto funcionario municipal aceptando la dirección de los servicios jurídicos municipales le siguió una propuesta elevada al pleno que firmó el día siguiente (21.02.13) el concejal Ruben Martínez, para designar al Secretario “letrado del Servicio Jurídico Municipal de Benidorm, para la representación y defensa en juicio” y para que el mismo funcionario redactara el proyecto “para la creación y la organización y funcionamiento de la asesoría Jurídica municipal, que en principio estará adscrita a la Secretaría municipal, para lo cual se elevará a Pleno conjuntamente con las previsibles y necesarias modificaciones de la relación de puestos de trabajo”. A pleno fue, pero por defectos de procedimiento, el asunto quedó sobre la mesa a propuesta del PP.

Y justo dos años después, nada se sabe de esta iniciativa que planteaba el Plan de Ajuste 2012-2022. No solo eso, sino que el presupuesto de 2015 contempla 311.300 euros para asesorías jurídicas externas. El asunto ha sido criticado por el edil no adscrito Juan Ángel Ferrer porque se trata de “una cifra excesiva”, aunque en un alarde de optimismo, Ferrer ha llegado a asegurar que en la plantilla municipal hay “empleados con una larga experiencia y especialización en sus áreas, que conocen perfectamente los asuntos sobre los que los ciudadanos y empresarios plantean contenciosos”.

Estos más de 300.000 euros están presupuestados especialmente para asuntos de Urbanismo (110.000), Hacienda (120.000) o Secretaria General (60.000). Según Ferrer, en esta partida presupuestaria están incluidos “los honorarios para la defensa de Agustín Navarro en su acusación por prevaricación o el interminable asunto de Park Control”. El edil no adscrito ha reclamado finalmente la creación de la asesoría jurídica municipal “con los medios humanos necesarios para defender los asuntos del Ayuntamiento”.

Por su parte, el edil aludido, Rubén Martínez, ha aclarado que “el hecho de que se haya presupuestado un tope de 300.000 euros no quiere decir que la partida se vaya a consumir en su totalidad, porque se utilizará en función de las necesidades”. Martínez ha calificado como un acto de “hipocresía” las declaraciones de Ferrer porque “él formaba parte del gobierno al principio de la legislatura” y debería saber que “antes se perdían pleitos y ahora tenemos éxito gracias a los letrados y al director del servicio jurídico municipal”.

El gobierno prevé gastar más de 300.000 euros en abogados externos
El gobierno prevé gastar más de 300.000 euros en abogados externos

 

Fuente: http://lamarinaplaza.com/2015/02/18/el-gobierno-preve-gastar-mas-de-300-000-euros-en-abogados-externos/

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