El alcalde de Benidorm ‘castiga’ a un edificio por denunciar a un pub

Lo habitual en cualquier ciudad es que si las actividades de un bar molestan a los vecinos de la zona, el Ayuntamiento vele por la tranquilidad de los ciudadanos haciendo uso de su ordenanzas. Pero Benidorm, también en esto parece diferente. El pasado 10 de septiembre, el alcalde, el socialista Agustín Navarro, asumió personalmente las competencias del concejal de Urbanismo -Vicente Juan Ivorra (de Liberales, su socio de Gobierno)- para arremeter contra una comunidad de propietarios, la del edificio Santa Margarita, en el Rincón de Loix. Navarro se posicionaba así del lado del propietario del pub Tiki Beach, Gianpaolo Camponovo, en la intensa lucha que éste mantiene con sus vecinos.

Navarro dirigió un requerimiento urbanístico a esta comunidad de propietarios en particular para que repusiera «la legalidad urbanística» en aquellas obras que hubiesen realizado. Lejos de promover una campaña generalizada para perseguir este tipo de infracciones desde La Cala al Rincón de Loix, el alcalde se centra específicamente en el edificio Santa Margarita que desde 2009 viene denunciando al Tiki Beach, por el continuo alboroto de las juergas de los extranjeros, el ruido y la ocupación de la playa ante la pasividad municipal.

¿Por qué? Camponovo mantiene cierta influencia en el Ayuntamiento por ser uno de los socios del Iberia Festival que se realiza en la ciudad, aunque fuentes municipales sostienen que hace unos meses se salió del accionariado.

Desde la comunidad no tardaron en responder al Ayuntamiento que tal requerimiento constituía una «absoluta arbitrariedad» y responde a una denuncia formulada por el controvertido bar del que aseguran «permaneció abierto al público, careciendo de licencia de apertura desde el año 2009 hasta finales del 2013, fruto precisamente de una infracción urbanística que el municipio conocía sobradamente, al haber incoado frente al mismo el oportuno expediente sancionador y que concluyó con una orden de demolición que inexplicablemente no se ha ejecutado».

Con la firma de este decreto Navarro (PSOE) asumió personalmente las competencias del concejal Vicente Juan Ivorra (Liberales), su socio de Gobierno, alegando que existía una denuncia «por incrementos de volumen en zonas comunes de edificación y pasillos distribuidores y voladizos de terrazas en la fachada sur comunitaria», por lo que requería al presidente de la Comunidad a que en un plazo de dos meses acreditase la seguridad y la legalidad urbanística de las zonas comunes y fachadas comunitarias de la edificación.

La comunidad respondió que, en cualquier caso, debe exigirse la reposición de la legalidad a los titulares de las viviendas que hayan modificado su configuración. También le recuerdan que en el propio requerimiento el alcalde reconoce que las posibles infracciones han sido realizadas desde hace mucho tiempo, desde 1989 en que lleva construido (la mayoría de los cerramientos se hicieron hace más de 20 años), y que el Ayuntamiento no había hecho nada porque «constituye una práctica habitual y tolerada en nuestro municipio a excepción hecha en el presente caso».

Las denuncias de la comunidad a los escándalos en el Tiki Beach llegaron incluso a la Conselleria de Gobernación a través de la Plataforma de Afectados por el Ruido de Benidorm. El propietario del bar arremetió entonces contra la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, aludiendo al hecho de sus tíos vivían en el edificio.

El alcalde de Benidorm 'castiga' a un edificio por denunciar a un pub
El alcalde de Benidorm ‘castiga’ a un edificio por denunciar a un pub

 

Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/02/02/54ce7162268e3e41628b4574.html

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