Compromís solicita cláusulas sociales en la contratación municipal de Benidorm

El concejal de Compromís y portavoz del grupo municipal de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra, explicó que se ha presentado una moción para el próximo pleno municipal para que las adjudicaciones y contrataciones municipales tengan en cuenta criterios de carácter ético, social y solidario, como la atención a personas y colectivos desfavorecidos, el máximo respeto por el medio ambiente o la valoración de la igualdad y la perspectiva de género, además de los criterios económicos y técnicos actuales.

“Debemos impulsar la economía del bien común y potenciar políticas desde la administración que además de mejorar la eficiencia económica y el gasto del Ayuntamiento, promuevan los valores sociales y un empleo de calidad”, señaló Bigorra. Se refería así a que la moción pretende incorporar a los procesos de contratación pública requisitos de carácter social como criterios de admisión de propuestas, de valoración o puntuación, u obligatorios, que entren dentro de la baremación en los pliegos de condiciones.

Concretamente, la propuesta quiere premiar la selección de: empresas que contratan a personas en paro con especiales dificultades de acceso al mercado laboral; aquellas que tienen más del 30% de la plantilla como indefinidos; las que contemplan medidas para facilitar la conciliación laboral y familiar; las empresas que disponen de planes de igualdad entre los trabajadores y las trabajadoras y que promueven la no discriminación de ningún tipo; las que siguen la normativa medioambiental, y aquellas empresas de economía social o sin fines de lucro, tales como cooperativas o empresas de inserción, o que obtengan certificados de consumo responsable y comercio justo. “Únicamente queremos que las empresas que favorecen el trabajo estable y las condiciones dignas de sus empleados se les puntúe precisamente para valorar lo que aportan a la sociedad y que hasta ahora no se contabilizaba en los procesos de contratación”, indicó el portavoz.

Bigorra ha recordado que estas modificaciones son perfectamente legales, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público que señala que los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, referidas especialmente a consideraciones de tipo medioambiental o de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el puesto de trabajo, u otras finalidades.

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