Benidorm se adherirá a la red de ciudades antidesahucios

El pleno del próximo lunes declarará a Benidorm Zona Libre de Desahucios gracias a la moción que presentará el gobierno local para recoger las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca, que ha colaborado en la redacción del texto. La propuesta, que contempla varias instancias a otras instituciones pero también medidas concretas que el municipio deberá tomar, llega después del desencuentro vivido a finales de agosto cuando se impidió el acceso al ayuntamiento y al pleno de presupuestos a miembros de la PAH y de otros colectivos sociales y políticos que se habían concentrado a las puertas del consistorio para pedir más ayudas municipales. Una concentración con la que también se quería protestar por la no incorporación al orden del día de una moción presentada en marzo por la PAH para reivindicar algunas de las acciones que se van a abordar, ahora sí, este lunes.

Tras la aprobación de esta moción se creará un Registro Municipal de Viviendas destinadas al alquiler social. La intención es que esté formado por las viviendas de titularidad municipal, las de particulares que quieran ofrecerlas, las de empresas y las viviendas gestionadas por las entidades financieras. Es decir, depende de la voluntad privada. Este registro de viviendas irá acompañado de otro de solicitantes, que será valorado por los Servicios Sociales y la intervención de la Oficina Municipal Antidesahucios y la PAH de La Marina Baixa.

Al mismo tiempo, se introducirán modificaciones en las ordenanzas municipales para que contemplen la exención de tasas e impuestos a las personas en riesgo de exclusión social por estar afectadas de la posibilidad de la pérdida de su vivienda. Y también se promoverá, favorecerá y facilitará el aplazamiento del pago de tasas e impuestos a estas personas o familias, lo que incluye gestionar con Suma la paralización de cualquier embargo por falta del pago de estas tasas e impuestos.

El Ayuntamiento también se comprometerá a gestionar con las empresas que prestan servicios básicos en la ciudad, como el abastecimiento del agua, la electricidad o el gas, a no cortar el suministro mientras dure el riesgo de exclusión social por riesgo de desahucio, instándoles a llegar a acuerdos de condonación y/o aplazamiento de pago.

El gobierno local ya firmó el 24 de abril de 2013 un convenio de la Oficina de Desahucios con el Colegio de Abogados y la concejala ha destacado que son “múltiples las acciones que desde la Concejalía de Bienestar Social se llevan a cabo con el firme propósito de evitar la exclusión social provocada por la pérdida del hogar entre sus ciudadanos, pero somos conscientes de que el problema sigue existiendo”.

Otra de las medidas que será aprobada en la sesión plenaria es que el Ayuntamiento no participe en ningún proceso de desahucio, lo que significa “negar la participación de la Policía Local y los Bomberos en los procesos”.

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