Benidorm incorporará 150 nuevas bicicletas y mejorará sus 20 bases para poder pagar con tarjeta

El ultimátum dado por el alcalde Agustín Navarro a la empresa concesionaria del préstamo de bicicletas de Bicidorm para que mejore el servicio parece que ha dado resultado. La mercantil Impursa, adjudicataria también del Mobiliario Urbano, invertirá 50.000 euros para relanzar el servicio de alquiler en la ciudad además de incorporar 150 nuevas bicis más modernas y seguras.

El primer edil lanzaba una advertencia a la mercantil el pasado mes de septiembre tras el deterioro que estaba sufriendo el servicio municipal, tanto en los vehículos, muchos de ellos sin frenos u oxidados, como en las 20 bases que hay repartidas en el municipio en la que normalmente no había el número de bicis correspondiente. Además, las denuncias de los usuarios o de manos del PP eran constantes pidiendo una mejora en las infraestructuras y el servicio en sí.

La última queja de los populares llegaba este mismo lunes de manos de la portavoz adjunta, Lourdes Caselles, quien repetía una vez más el “lamentable estado de abandono y dejadez que ofrecen las bicicletas públicas de alquiler en Benidorm”. La respuesta del Gobierno local no se hacía esperar: Impursa va a invertir 50.000 euros en la adquisición de 150 nuevas bicicletas y la modernización de las 20 estaciones del servicio que hay instaladas en la ciudad.

Además de renovar la imagen de estas últimas se incluirán nuevas prestaciones como el pago con tarjeta en esas bases además de la expedición de abonos desde las mismas con el fin de facilitar al usuario la gestión.

Impursa, a través de una empresa subcontratada, también está reparando las bicicletas que estaban estropeadas, por lo que el número total de elementos en préstamo con las nuevas incorporaciones será superior a las 250, lo que redundará en beneficio de los usuarios. Las nuevas “serán mucho más seguras y cómodas que las anteriores, ya que cuentan con tres marchas y con luces integradas”. El modelo es el que se utiliza con éxito en ciudades como Murcia o Ponferrada y tiene un coste de 300 euros la unidad. El coste del abono anual es de 33 euros.

El alcalde informó en un comunicado que la concesionaria “ha atendido la petición” tras el ultimátum dado y que “ha realizado todos los trámites pertinentes para relanzar la oferta”. Con estas medidas, la firma responsable busca mejorar el servicio y la seguridad, e incrementar el número de usuarios, que ya supera los 3.500 anuales.

El servicio de préstamo se suspendió el pasado día 1 de noviembre para poder realizar la modificación de las estaciones así como colocar las nuevas bicicletas. Bicidorm volverá a entrar en funcionamiento una vez finalizadas las Fiestas Mayores Patronales la próxima semana. La suspensión del alquiler de estos vehículos coincide con la hecha en Altea por la misma empresa, BiciAltea, donde también se están introduciendo mejoras y más bicicletas después de haber sufrido actos vandálicos.

El Ayuntamiento también explicó que al igual que ocurre en otras poblaciones, el servicio de Bicidorm se regula en base al contrato con la empresa concesionaria del mobiliario urbano de la ciudad, y toda la información referente al tipo de abono o el importe puede consultarse en la web bicidorm.labici.net.

Y todo después de que los populares volvieran a insistir en que no existe ordenanza fiscal alguna que regule los precios públicos que se cobran por el uso de las bicicletas, lo que hace que el cobro de los mismos “sea ilegal”, según Caselles. Además apuntó que “no se sabe quién es el que está cobrando el dinero que se deposita en las bases cuando se arrienda una bici, y lo más grave, en concepto de qué se cobra”.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno local, Conrado Hernández, ya explicó en el mes de septiembre que el Ayuntamiento sí cobra un canon. Concretamente lo paga Impursa, que es la adjudicataria, aunque tiene el servicio subcontratado con otra empresa, que es la que se encarga realmente de la gestión. El responsable de Presidencia añadió entonces que fue el PP quien le adjudicó el servicio en octubre de 2008, incluyéndolo en el contrato del mobiliario urbano; decisión que calificó en aquel momento de “extraña”.

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