Año Electoral. La Historia de siempre.

Muchos ayuntamientos de La Marina se han lanzado con los presupuestos de 2015 a proponer rebajas y bonificaciones de tasas e impuestos de cara al año electoral que se avecina. A estas alturas nadie puede obviar que en mayo de 2015 se celebrarán las elecciones municipales, además de las autonómicas, y muy probablemente las generales a finales de año.

Esta es una de las consecuencias de una forma de entender la política que debería pasar, si no ha pasado ya, a mejor vida, aunque la mayoría de los políticos al uso ni siquiera se han percatado. Utilizar el año previo a las elecciones para poner primeras piedras, inaugurar obras o anunciar rebajas de impuestos, ya no cuela. Los vecinos, los ciudadanos, incluso considerados como electores, han llegado a tal nivel de hartazgo que esa sensación está encaminándose hacia una manifestación de ira electoral colectiva. Y si encima se sienten tratados como lo que no son poco antes de acercarse a una urna, peor.

Además, en su mayor parte estas bajadas de impuestos o son realmente migajas o se trata de rebajas nimias sobre incrementos anteriores desmesurados, aunque en todos ellos se adjunta la letanía de que han sido posible gracias a la buena gestión municipal, al remanente positivo de tesorería del año anterior y otros argumentos de esta catadura.

La deuda viva, esto es, la que mantienen con los bancos la mayoría de los municipios, ha alcanzado tal volumen cuyo ratio por habitante no baja en ningún caso de los 545 euros en los principales municipios de La Marina. En realidad, el único saneado es Benissa, cuya deuda, a 31 de diciembre de 2013, era de 1.327.000 euros o, lo que es lo mismo, de 95,2 euros por vecino.

En La Nucia cada habitante debe 640, 651 los ciudadanos de La Vila, 698 los de L’Alfàs, 898 los de Altea y hasta 1.613 euros cada benidormense. En La Marina Alta, los de Teulada deben 545 euros, 587 los de Ondara, 748 los de Dénia, 885 los de Pego, 908 los de Xàbia y 1.371 euros los de Calp.

Una buena parte de los regidores que ahora presumen de buena gestión en realidad son presos de las obligaciones que les imponen los ministerios de Economía y Hacienda después de haberse acogido a alguno o a los tres planes de pago a proveedores que impulsó el Gobierno de España para acabar con las facturas en los cajones y la morosidad. Los pocos resultados obtenidos después de la borrachera inmobiliaria, desde luego, no suelen ser fruto de su voluntad.

En realidad, la mayoría de estos ayuntamientos estarán económicamente peor en 2015 y 2016 que los dos años anteriores, fundamentalmente porque se les acabará una de las dos anualidades el plazo de carencia de los préstamos del segundo plan de pago a proveedores y tienen que empezar a amortizar capital, aunque hayan conseguido rebajar los intereses que pagan por ellos acogiéndose a otras medidas del Gobierno.

Además, a partir del 15 de enero de 2015 será obligatoria la factura electrónica para importes superiores a 5.000 euros y también el cumplimiento de la ley contra la morosidad, es decir, deberán pagar intereses de demora si tardan más de 30 días en abonarlas. Y en condiciones de hacerlo no está prácticamente ninguno de estos ayuntamientos.

Más allá de rebajas puntuales de impuestos que afectan solo a unos pocos, a un sector determinado de la actividad, o suponen una cuantía ridícula, estaría bien que estos ayuntamientos centraran su atención en ayudar a las personas con mayores dificultades y le explicaran claramente a todos los ciudadanos de su municipio cuál es la realidad, el plan que les ha llevado a anunciar estas medidas y la planificación prevista a un par de legislaturas vista.

Anunciar medidas improvisadas para poco menos que intentar tomarle el pelo al ciudadano unos meses antes de las elecciones sin saber siquiera si se podrán mantener posteriormente responde a un tiempo pasado que nunca más volverá. Y cuanto antes se den cuenta los responsables públicos que nos gobiernan, mejor para todos.

Año Electoral. La Historia de siempre.
Año Electoral. La Historia de siempre.

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